La escena es conocida. Una entidad le pide al ciudadano demostrar algo que otra entidad del mismo Estado ya sabe. El ciudadano va, paga, imprime y regresa. El documento viaja con \u00e9l de una ventanilla a otra.<\/p>\n\n\n\n
En la pr\u00e1ctica, el ciudadano termina funcionando como mensajero entre instituciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n
El Decreto Legislativo 1246, de 2016, obliga a las entidades a intercambiar gratuitamente la informaci\u00f3n que administran y les proh\u00edbe exigir al ciudadano aquello que pueden obtener por interoperabilidad. La Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrada por la PCM a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Gobierno y Transformaci\u00f3n Digital, es la plataforma para ese intercambio. Y la Ley 29733, de Protecci\u00f3n de Datos Personales, fija los l\u00edmites de acceso y tratamiento.<\/p>\n\n\n\n
La cr\u00edtica, entonces, no es que falte la norma. Es que el principio todav\u00eda no se materializa de forma uniforme en toda la experiencia ciudadana.<\/p>\n\n\n\n
El ciudadano no deber\u00eda tener que volver a presentar un dato que el Estado puede obtener v\u00e1lidamente desde su fuente oficial.<\/p>\n\n\n\n
Conviene precisar qu\u00e9 significa. No significa<\/strong> una base de datos gigante donde todos ven todo. S\u00ed significa<\/strong> que la entidad con competencia consulte en el origen el dato que necesita, y nada m\u00e1s. Hay datos que cambian o que requieren una declaraci\u00f3n espec\u00edfica del ciudadano, y la consulta en origen no elimina esos casos.<\/p>\n\n\n\n El principio funciona si cada dato tiene una entidad responsable de mantenerlo. El RENIEC es la fuente autoritativa de la identidad civil, dentro de sus competencias. Una entidad con competencia y base jur\u00eddica consulta el atributo que necesita. Y el ciudadano deja de transportar manualmente informaci\u00f3n que puede verificarse en el origen.<\/p>\n\n\n\n El mismo razonamiento se aplica, seg\u00fan competencia y base jur\u00eddica, al estado civil, a la informaci\u00f3n registral, a las habilitaciones profesionales, a los grados acad\u00e9micos o a la informaci\u00f3n tributaria. Cada uno tiene su propia entidad responsable, y no toda entidad debe acceder a todos ellos.<\/p>\n\n\n\n Cuando el principio se aplica, hay menos documentos, menos errores, menos falsificaci\u00f3n, menos tiempo perdido, menos ventanillas y mejor trazabilidad. Un dato verificado en su fuente autoritativa es m\u00e1s confiable que un papel que el ciudadano lleva en la mano.<\/p>\n\n\n\n La interoperabilidad solo es un servicio al ciudadano si viene acompa\u00f1ada de protecciones que no son opcionales:<\/p>\n\n\n\n Sin estas cinco condiciones, la interoperabilidad deja de ser un servicio y se convierte en un riesgo.<\/p>\n\n\n\n Propongo cuatro cambios:<\/p>\n\n\n\n Es una preocupaci\u00f3n leg\u00edtima. Un Estado que comparte informaci\u00f3n entre sus entidades puede, si no hay controles, convertirse en un Estado que vigila.<\/p>\n\n\n\n Pero la alternativa actual no es m\u00e1s segura. Hoy los datos viajan en papeles impresos, copias escaneadas y correos electr\u00f3nicos, sin registro de qui\u00e9n los vio. Una consulta en el origen, limitada a la finalidad, con trazabilidad y con visibilidad para el ciudadano, protege m\u00e1s que el sistema de fotocopias que reemplaza. La condici\u00f3n es que las cinco protecciones se cumplan desde el dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Para el ciudadano, significa dejar de ser el mensajero del Estado. Menos certificados que pedir, menos copias que presentar y la posibilidad de saber qui\u00e9n consult\u00f3 sus datos.<\/p>\n\n\n\n El principio de una sola vez es la base de cualquier Estado digital maduro. Sobre \u00e9l se construyen los servicios proactivos, los tr\u00e1mites autom\u00e1ticos y la confianza ciudadana en el manejo de sus datos. Aplicarlo de forma uniforme es una de las reformas con mayor impacto cotidiano que el Per\u00fa puede hacer, y buena parte de su base legal ya existe.<\/p>\n\n\n\n Si el Estado ya posee leg\u00edtimamente un dato, el ciudadano no deber\u00eda tener que transportarlo de oficina en oficina.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La ley peruana ya proh\u00edbe exigir al ciudadano informaci\u00f3n que una entidad puede obtener de otra. El principio existe desde 2016. Lo que falta es que se materialice de forma uniforme en la experiencia ciudadana. 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Seis efectos concretos<\/h2>\n\n\n\n
Consultar no es vigilar<\/h2>\n\n\n\n
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Lo que har\u00eda diferente<\/h2>\n\n\n\n
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La objeci\u00f3n obvia: m\u00e1s intercambio de datos es m\u00e1s riesgo para la privacidad<\/h2>\n\n\n\n
Qu\u00e9 cambia para el ciudadano<\/h2>\n\n\n\n
Hacia 2050<\/h2>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n