No puedes exigir una Policía moderna desde una comisaría abandonada

Los artículos anteriores de esta serie hablaron de estructura, carrera, formación y condiciones de trabajo. Todo eso supone algo que rara vez se discute: que el policía tenga dónde y con qué trabajar. Una reforma de carrera no sirve de mucho si el patrullero está parado, la computadora no enciende y la comisaría no tiene un plan de patrullaje aprobado.

Lo que encontró la Contraloría

Entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2025, la Contraloría General de la República ejecutó el Operativo Nacional «Comisarías Básicas PNP 2025» y supervisó 485 comisarías en todo el país. Los resultados, difundidos en enero de 2026, son estos:

Qué se revisó	Inoperativo o incumplido	Porcentaje
Vehículos	1,730 de 4,121	42 %
Computadoras	1,823 de 6,835	27 %
Impresoras	2,132 de 4,049	53 %
Plan de patrullaje por sector 2025	208 de 485 comisarías sin plan formulado y aprobado	43 %

El mismo operativo reportó que más de la mitad de las comisarías inspeccionadas tenía más de 30 años de antigüedad, que 72 estaban construidas en adobe y que había problemas de cantidad y estado de los chalecos antibalas.

Qué miden exactamente estas cifras

Conviene ser precisos. Son porcentajes de la muestra supervisada: corresponden a los bienes y comisarías efectivamente inspeccionados en el operativo. No son cifras nacionales y no deben presentarse como el estado del total de comisarías ni del total de vehículos de la Policía en el país.

Dicho eso, 485 comisarías no es una muestra pequeña, y el resultado no depende de un caso llamativo.

El patrón es claro

Cuatro categorías distintas, movilidad, cómputo, impresión y planificación, fallan al mismo tiempo y en proporciones altas. Cuando falla una sola cosa, puede ser mala suerte o un proveedor deficiente. Cuando fallan todas a la vez, el problema es de gestión.

El diagnóstico que propongo es este: la infraestructura policial se administra como una sucesión de compras y obras, no como un conjunto de activos que hay que mantener operativos. Se compra un lote de patrulleros, se inaugura una comisaría, se entregan computadoras. Después, nadie responde de forma identificable por que sigan funcionando. El mantenimiento no tiene presupuesto asegurado, el inventario no refleja el estado real y el deterioro solo se vuelve visible cuando lo mide un órgano de control.

Mi propuesta: un Plan Nacional de Infraestructura Policial

Propongo un programa nacional con tres rasgos: estándares exigibles para cada instalación, inversión plurianual y responsables identificables por instalación.

La infraestructura policial debe planificarse como capacidad operativa del Estado, no como obra suelta anunciada por temporada.

Seis estándares mínimos para cada comisaría

Cada instalación debería cumplir un estándar verificable en seis dimensiones:

1. Energía: suministro estable y respaldo ante cortes.
2. Conectividad: ancho de banda suficiente para los sistemas operativos y de registro.
3. Clima: condiciones habitables según la región.
4. Seguridad: protección física de la instalación y del personal.
5. Detención: espacios que cumplan las condiciones legales y de dignidad.
6. Tecnología y accesibilidad: equipos operativos y acceso para cualquier persona.

Un estándar sirve si se puede medir y si alguien responde cuando no se cumple. Por eso los seis deben traducirse en una ficha por instalación, pública en lo que no comprometa la seguridad, y revisada periódicamente.

La comisaría es un activo operativo, no un edificio

El cambio de fondo es de enfoque. Tratar la comisaría como un activo operativo implica tres prácticas:

• Un inventario único del estado real de cada instalación, con información actualizada y verificable, no el valor contable de lo que se compró.
• Disponibilidad medida, no declarada: lo que importa es qué funciona hoy, no qué se adquirió hace tres años.
• Un responsable identificable por instalación: alguien que responda por que la comisaría esté operativa.

La inversión plurianual es la otra mitad. Un vehículo o un edificio tienen un ciclo de vida conocido. Si el presupuesto de mantenimiento y reposición se decide cada año desde cero, compite con urgencias más visibles y pierde. Un plan que programe la reposición según ese ciclo evita llegar a tasas de inoperatividad como las que encontró la Contraloría.

La objeción obvia: ¿no sería mejor gastar todo en más policías?

Es la reacción más frecuente cuando se habla de seguridad: el problema sería la falta de efectivos.

Pero un policía sin vehículo, sin comunicaciones, sin computadora y sin una instalación operativa no puede convertir su presencia en servicio. Sumar personal sobre una base inoperativa multiplica la frustración, no la seguridad. Cuántos policías tiene el país y cuánta capacidad tienen para operar son dos decisiones distintas, y hay que tomar ambas.

Qué cambia para el ciudadano

Para el ciudadano, significa una comisaría que responde: con medios para recibir la denuncia, registrarla y llegar al lugar. Para el policía, significa condiciones materiales para cumplir la función que el Estado le exige. El abandono de una comisaría también abandona al policía que trabaja dentro y al vecino que depende de ella.

Hacia 2050

Las comisarías que el Perú construya o renueve en los próximos años seguirán en uso a mediados de siglo. Si se diseñan con estándares, con presupuesto de mantenimiento asegurado y con un responsable por cada una, serán la base física de una policía moderna. Si se siguen gestionando como obras que se inauguran y se olvidan, volverán a aparecer en un informe de control dentro de veinte años.

Conclusión

No se puede exigir una Policía moderna desde una comisaría abandonada. La infraestructura policial es capacidad operativa del Estado y debe gestionarse como tal.