Seguridad

La política de seguridad necesita una conducción coherente. Las instituciones operativas necesitan especialización. Y las instituciones autónomas necesitan autonomía. Propongo un Ministerio de Seguridad y Justicia que conduzca la estrategia sin absorber a nadie y sin tocar la independencia de jueces y fiscales.

La carrera militar y la carrera policial resuelven problemas institucionales distintos. Una policía civil necesita jerarquía, pero no necesita dos castas separadas desde el día de ingreso. Propongo un solo sistema de ingreso y una sola carrera policial.

Cuando el nivel profesional de un policía y el puesto de mando que ocupa se confunden, el ascenso se negocia. Cuando se separan, se gana. Propongo una escala profesional civil, propia de la Policía, y cargos de dirección que se ejercen por designación y por concurso, no por escalafón.

La duración de una formación mide tiempo, no competencia operativa. Propongo un máximo de doce meses de formación inicial para la mayoría de funciones policiales, seguido de servicio supervisado y de una formación obligatoria que no termine nunca. La propuesta no es formar menos. Es formar mejor y siempre.

La carrera policial debería separar funciones, no personas. Propongo un Concurso Nacional Único de Ingreso, con los mismos filtros de integridad y mérito para todos, y después una especialización según aptitud, formación y misión.

Cuando la única forma de progresar es asumir un cargo de jefatura, la institución premia a quien abandona la función que mejor domina. Propongo dos vías de progresión con el mismo prestigio: una para dirigir y otra para dominar.

No se puede exigir una Policía profesional y tratar su carrera como una ocupación de segunda. La responsabilidad que el Estado le entrega a un policía necesita un respaldo institucional concreto: condiciones de empleo que correspondan a lo que se le exige todos los días.

La Contraloría supervisó 485 comisarías y encontró inoperativos cuatro de cada diez vehículos, más de la mitad de las impresoras y más de una cuarta parte de las computadoras. No es una anécdota: es un problema de gestión de activos. Propongo un Plan Nacional de Infraestructura Policial con estándares exigibles, inversión plurianual y un responsable identificable por cada instalación.

El Estado paga la emergencia cada vez y casi nunca paga la prevención. Propongo contratos regionales de gestión de infraestructura policial de largo plazo, con niveles de servicio medibles, penalidades automáticas y un pago ligado a la disponibilidad de cada instalación, no al número de reparaciones.

La capacidad de patrullaje no se mide en vehículos comprados, sino en unidades disponibles para salir hoy. Propongo una gestión de flota basada en disponibilidad: cada unidad conectada al despacho, mantenimiento antes de la falla, historial por vehículo y reposición por ciclo de vida, no por anuncio político.

El combustible es capacidad operativa convertida en dinero líquido: sin él no hay patrullaje, y cuando el control es documental, la fuga no deja rastro. Propongo una identidad digital única para cada vehículo policial y un sistema que compare cada carga con el recorrido real registrado por GPS.

Uniforme, protección y comunicaciones son responsabilidad institucional, no gasto personal del servidor público. Propongo una dotación completa provista por la institución, diferenciada por función y territorio, con registro digital de cada bien entregado y reposición programada por ciclo de vida.

Si el arma del Estado no tiene un registro único, tampoco tiene un responsable único. Propongo una trazabilidad auditable y a prueba de alteración para el armamento y la munición del Estado, desde la adquisición hasta la baja, con conciliación obligatoria de toda diferencia.

El Perú ya compró cámaras corporales. Comprarlas no es lo mismo que institucionalizarlas. Propongo que la bodycam sea obligatoria en las funciones que exigen registro objetivo, con cobertura en vehículos, atención al público y detención, y con cuatro reglas: el policía no controla el borrado, el acceso deja huella, la conservación está en la norma y registrar no significa publicar.

El Perú ya tiene órganos de control disciplinario policial. El déficit no es de existencia, sino de independencia, unidad y credibilidad. Propongo una Inspectoría General de Asuntos Internos (IGAI) con independencia funcional, competencia sobre todas las agencias, acceso propio a la evidencia y separación clara entre quien investiga y quien sanciona.

El Estado entrega a la Policía poderes que ningún ciudadano tiene: detener, usar la fuerza y portar armas. Propongo que esa autoridad venga con un doble compromiso: respaldo institucional real para quien actúa conforme a la ley y consecuencias agravadas para quien usa la placa para delinquir.

Un caso penal atraviesa cinco instituciones y en cada traspaso puede perder tiempo, documentos o la cadena de custodia. Propongo un identificador digital único por caso, desde la denuncia hasta la sentencia, con cadena de custodia digital, registro de cada acceso y consulta del estado del caso por el ciudadano donde la ley lo permita.

El Perú ha endurecido su legislación contra la extorsión, pero el problema de fondo no es la pena. Es que el Estado todavía investiga el hecho visible y deja en pie la estructura que lo produce. Mientras eso no cambie, cada captura será una estadística y no el fin del cobro en un barrio.

El asesinato por encargo no es un crimen individual. Es una operación organizada, con roles definidos y división del trabajo. Mientras el Estado concentre la investigación en quien disparó, la organización conservará intacta su capacidad de volver a matar.

Hay organizaciones criminales que ya no se limitan a cometer delitos. Imponen reglas, cobran tributos y castigan a quien desobedece. Propongo que, cuando cruzan ese umbral, el Estado pueda tratarlas jurídicamente como terrorismo, con un umbral estrecho, objetivo y resistente al uso político.

Varios cuerpos del Estado ya enfrentan crimen organizado todos los días: en la frontera, en los puertos, en la Amazonía. La autoridad que tienen debería corresponder al riesgo que asumen. Hoy, con demasiada frecuencia, persiguen estructuras armadas con herramientas diseñadas para una oficina administrativa.

El Perú ya clasifica legalmente a los internos. Lo que falta es el espacio físico para separarlos de verdad: con 148 % de sobrepoblación, la clasificación se vuelve nominal. Propongo ordenar el sistema en tres poblaciones de gestión, con infraestructura, régimen y objetivos propios, y clasificar por riesgo, no solo por la etiqueta del delito.

El Perú ya endureció las sanciones por telecomunicaciones ilegales dentro de los penales. Lo que falta no es otra ley. Falta que el bloqueo funcione, que la tecnología se mantenga, que se detecten los equipos y que el personal no sea la puerta de entrada.

Custodiar a las organizaciones criminales más peligrosas del país exige doctrina, inteligencia, tecnología y capacidad operativa propias. Propongo una Agencia Nacional de Correccionales, y que la rehabilitación siga en manos de profesionales civiles.

Proteger a un presidente o a una autoridad de alto riesgo no es un servicio de guardia. Exige anticipación, análisis de riesgo y años de entrenamiento repetido. Propongo una Agencia de Protección de Dignatarios con carrera propia, no personal rotado.

El Serenazgo ya existe, ya opera y la legislación reciente ya lo reforzó. Su futuro no debería ser convertirse en una Policía Nacional en miniatura. Propongo que evolucione hacia un servicio municipal profesional de proximidad, con funciones acotadas y estándares nacionales.

Un penal reúne a miembros de organizaciones criminales de todo el país. Sus vínculos, jerarquías y movimientos son información que el Estado hoy desperdicia. Propongo unidades profesionales de inteligencia penitenciaria, con base legal y auditoría.