El artículo anterior de esta serie propuso que CENIT tenga una ley propia. Una de las piezas más importantes de esa ley sería el régimen de su dirección: quién la ocupa, cómo llega, cuánto dura y cómo puede salir.
Por qué importa la duración
Definir estándares, migrar sistemas, integrar entidades y sostener la operación son tareas que toman años. Cuando la dirección técnica cambia con cada cambio de autoridad, cada nuevo equipo empieza por revisar lo anterior, reordena prioridades y, a veces, abandona proyectos a medio construir. El costo no es solo de tiempo: se pierde la memoria técnica de la institución.
Un mandato de siete años, desalineado del ciclo político
El periodo presidencial en el Perú dura cinco años. Un mandato de siete cruza necesariamente más de un gobierno, de modo que la dirección técnica no coincida con el calendario político.
Lo digo con franqueza: siete años no es un periodo óptimo demostrado científicamente. Es una propuesta de diseño institucional, pensada para que el cambio de gobierno y el cambio de director no ocurran al mismo tiempo.
Cómo se elegiría
La dirección de CENIT no sería un cargo político de confianza. Propongo que se elija mediante un concurso abierto, con criterios técnicos definidos previamente, experiencia acreditada en la materia, evaluación documentada y un proceso público y competitivo.
Protección frente a la política no es inamovilidad
Esta es la precisión más importante. Proteger el mandato significa que no se puede retirar al director por una discrepancia política o por un cambio de gabinete. No significa inamovilidad absoluta.
El director sí podría ser removido por causales objetivas establecidas en la ley, con procedimiento y debido proceso. Entre las causales posibles:
- Corrupción.
- Falta grave.
- Incumplimiento legal.
- Conflictos de interés.
- Incumplimiento grave y objetivamente acreditado de las obligaciones y estándares que fije la ley.
- Otras que la ley establezca.
En todos los casos, la causal debe estar previamente establecida y seguirse un procedimiento con debido proceso.
A mayor estabilidad, mayor rendición de cuentas
La protección del mandato solo se justifica si viene acompañada de obligaciones exigibles. Propongo cuatro:
- Indicadores públicos de desempeño institucional.
- Reportes periódicos sobre el avance de la arquitectura y de las plataformas.
- Auditoría y control gubernamental.
- Presentación ante las instancias que la ley determine.
Lo que se protege no es una persona
Lo que se protege es la continuidad de una función: sostener la arquitectura digital del Estado más allá de un periodo de gobierno. El diseño existe para que la decisión técnica no dependa del favor político, ni el favor político de la decisión técnica.
La objeción obvia: ¿y si el director es malo y no se le puede sacar?
Es el riesgo principal de cualquier mandato protegido: quedar siete años con una mala dirección.
Por eso el diseño tiene tres piezas. Primero, el concurso reduce la probabilidad de un mal nombramiento. Segundo, las causales incluyen el incumplimiento grave y objetivamente acreditado de obligaciones y estándares, de modo que el mal desempeño medible sí es causal de salida. Tercero, los indicadores públicos hacen visible ese desempeño. Lo que el diseño impide es la remoción por conveniencia, no la remoción por resultados.
Qué cambia para el ciudadano
Para el ciudadano, significa que los proyectos que cambian su relación con el Estado, como una identidad digital única o servicios que se hablan entre sí, no se detienen cada vez que cambia el gobierno.
Hacia 2050
Entre hoy y 2050 habrá al menos cinco periodos presidenciales. Si la arquitectura digital del Estado cambia de rumbo con cada uno, llegará a mitad de siglo tan fragmentada como hoy. Una dirección técnica estable, elegida por mérito y obligada a rendir cuentas, es la forma de acumular capacidad en lugar de reiniciarla.
Conclusión
La tecnología cambia rápido. La dirección institucional no debería cambiar cada vez que cambia el gabinete.
Fuentes
- Constitución Política del Perú, artículo 112: duración del mandato presidencial de cinco años.