Independencia política no significa falta de control

Cuando propongo que una institución técnica tenga autonomía frente al poder político, aparece una sospecha razonable: ¿autonomía para qué? ¿Para que nadie la pueda controlar?

La sospecha es válida si la autonomía viene sola. Pedir estabilidad para una institución técnica sin exigirle control es pedir un privilegio.

Pero el problema contrario también existe. Si la dirección técnica no tiene estabilidad, queda expuesta a ciclos políticos demasiado cortos. Si cada cambio de gobierno, o de ministro, cambia a quien conduce la arquitectura digital del Estado, ningún proyecto largo llega a terminarse.

Las dos mitades

Mi propuesta para la gobernanza de CENIT tiene dos mitades que se diseñan juntas.

Protección frente a la interferencia política: mandato fijo, causales de remoción tasadas, régimen laboral competitivo y continuidad técnica entre gobiernos.

Control institucional fuerte: auditoría, control gubernamental, transparencia activa, métricas públicas y responsabilidad personal por las decisiones.

Una mitad sin la otra da, según el caso, una institución capturada o una institución que no responde ante nadie.

Cómo se controla y ante quién rinde cuentas

Los mecanismos posibles son varios: directorio, auditoría interna y externa, control de la Contraloría General de la República, control interno, transparencia activa, indicadores de desempeño, publicación de resultados, declaración de intereses y régimen de incompatibilidades.

A eso se suma la rendición de cuentas o supervisión parlamentaria en los casos que establezca la ley. La combinación exacta la tendría que definir la ley que cree la entidad.

Siete años de mandato para la dirección ejecutiva

Propongo un mandato de siete años para el Director Ejecutivo. No es un capricho. La arquitectura digital de un Estado se construye en años, no en periodos de gobierno. Por eso el Director Ejecutivo no debería poder ser removido por una simple decisión política.

Pero sí removible, por causales objetivas

Estabilidad no es inamovilidad. El Director Ejecutivo tendría que poder ser removido por:

1. Falta grave.
2. Incumplimiento legal grave.
3. Conflicto de intereses incompatible con el cargo.
4. Incumplimiento grave de las obligaciones o requisitos del cargo.
5. Condena o sanción firme incompatible con la función.
6. Otras causales expresamente escritas en la ley.

Siempre con debido proceso. Una causal sin procedimiento vuelve a ser discrecionalidad.

Lo que todavía no está decidido

Dos advertencias.

La composición exacta de un eventual directorio, cómo se designa y con qué mayorías decide no están definidas. Proponerlas hoy en detalle sería inventar una estructura que todavía hay que discutir.

Y no propongo copiar el modelo de otras entidades autónomas del país. Sus mandatos, riesgos y contrapesos son distintos, y cualquier préstamo institucional necesita análisis previo.

Lo que tendría que decir la ley

Una ley que recoja este equilibrio debería incluir:

1. Mandato fijo para la dirección ejecutiva, más largo que el ciclo político.
2. Causales tasadas de remoción y un procedimiento con debido proceso.
3. Mecanismos de control explícitos: auditoría, control gubernamental, transparencia y métricas públicas.
4. Integridad: declaración de intereses, incompatibilidades y responsabilidad personal por las decisiones.
5. Rendición de cuentas periódica ante las instancias que la ley determine.

CENIT es mi propuesta; hoy no existe. Su gobernanza necesitaría análisis constitucional y de derecho administrativo antes de convertirse en proyecto de ley.

La objeción obvia: un mandato largo protege una mala gestión

Si el director resulta incompetente, el Estado queda amarrado a él por años. Por eso las causales importan: el incumplimiento grave de obligaciones y metas tiene que ser causal de remoción, con procedimiento y con evidencia.

También se dirá que la autonomía le quita al gobierno electo la capacidad de conducir la política digital. Separo las dos cosas: la política la define el gobierno; la ejecución técnica de la arquitectura necesita continuidad.

Y los controles pueden volverse burocracia que paraliza. Por eso el control tiene que basarse en resultados y métricas, no solo en procedimientos.

Qué cambia para el ciudadano

Una institución técnica que no se reinicia con cada cambio de gobierno, y que a la vez publica sus resultados y responde por ellos. Proyectos digitales que llegan a terminarse, y funcionarios que no pueden esconderse detrás de la autonomía para evitar el control.

Hacia 2050

Las instituciones técnicas que funcionan combinan estabilidad y control. Quiero un Perú con una arquitectura digital conducida con continuidad técnica, sometida a control efectivo y evaluada por resultados públicos.

Conclusión

La autonomía protege la misión. La rendición de cuentas protege al ciudadano. Una institución técnica necesita las dos.