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El combustible es capacidad operativa convertida en dinero líquido: sin él no hay patrullaje, y cuando el control es documental, la fuga no deja rastro. Propongo una identidad digital única para cada vehículo policial y un sistema que compare cada carga con el recorrido real registrado por GPS.
Los proyectos de arquitectura digital se miden en años, pero la dirección técnica del Estado suele rotar con cada cambio de gabinete. Propongo que el director de CENIT sea elegido por concurso, tenga un mandato de siete años y solo pueda ser removido por causales objetivas establecidas en la ley, con más rendición de cuentas a cambio de esa estabilidad.
La capacidad de patrullaje no se mide en vehículos comprados, sino en unidades disponibles para salir hoy. Propongo una gestión de flota basada en disponibilidad: cada unidad conectada al despacho, mantenimiento antes de la falla, historial por vehículo y reposición por ciclo de vida, no por anuncio político.
Si toda la arquitectura digital del Estado descansa en decisiones administrativas fácilmente reversibles, cada cambio de autoridad puede rehacerla. Propongo que las competencias esenciales y las garantías institucionales de CENIT se establezcan mediante una ley propia, que también fije sus obligaciones de auditoría, transparencia y rendición de cuentas.
El Estado paga la emergencia cada vez y casi nunca paga la prevención. Propongo contratos regionales de gestión de infraestructura policial de largo plazo, con niveles de servicio medibles, penalidades automáticas y un pago ligado a la disponibilidad de cada instalación, no al número de reparaciones.
Contratar al mercado es legítimo y muchas veces es la mejor decisión. El problema aparece cuando el proveedor termina controlando también la arquitectura, los requisitos, la supervisión y el conocimiento. Propongo que ciertas capacidades se queden siempre dentro del Estado y que la transferencia de conocimiento sea una condición de todo contrato tecnológico.
La Contraloría supervisó 485 comisarías y encontró inoperativos cuatro de cada diez vehículos, más de la mitad de las impresoras y más de una cuarta parte de las computadoras. No es una anécdota: es un problema de gestión de activos. Propongo un Plan Nacional de Infraestructura Policial con estándares exigibles, inversión plurianual y un responsable identificable por cada instalación.
Una institución transversal que solo norma produce documentos; una que solo ejecuta produce fragmentación; una que solo coordina produce reuniones. Propongo que CENIT reúna las tres funciones, con capacidad técnica para verificar que sus estándares se cumplan y con los límites que su ley le fije.
No se puede exigir una Policía profesional y tratar su carrera como una ocupación de segunda. La responsabilidad que el Estado le entrega a un policía necesita un respaldo institucional concreto: condiciones de empleo que correspondan a lo que se le exige todos los días.
Cada ministerio y cada organismo es la autoridad de su materia, y así debe seguir. El problema aparece cuando cada uno construye también su propia capa técnica. Propongo una capa común de identidad, interoperabilidad, datos, seguridad y estándares debajo de todos, a cargo de CENIT. Centralizar la arquitectura no significa centralizar la política pública.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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