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La autoridad sobre la identidad civil debe seguir en RENIEC, sin discusión. Lo que falta es una arquitectura común para que el resto del Estado use esa identidad de forma segura y proporcional. Eso es lo que propongo que haga CENIT.
El Perú ha endurecido su legislación contra la extorsión, pero el problema de fondo no es la pena. Es que el Estado todavía investiga el hecho visible y deja en pie la estructura que lo produce. Mientras eso no cambie, cada captura será una estadística y no el fin del cobro en un barrio.
El Perú ya tiene DNI físico, DNI electrónico, DNI digital y una plataforma nacional de autenticación. Lo que no tiene todavía es una sola identidad confiable que abra, con reglas claras, todos los servicios que el ciudadano tiene derecho a usar. Propongo que el DNI sea esa llave.
Un caso penal atraviesa cinco instituciones y en cada traspaso puede perder tiempo, documentos o la cadena de custodia. Propongo un identificador digital único por caso, desde la denuncia hasta la sentencia, con cadena de custodia digital, registro de cada acceso y consulta del estado del caso por el ciudadano donde la ley lo permita.
El Perú no puede transformarse digitalmente solo desde Lima: los servicios se prestan donde vive la gente. Pero si cada región construye su propio Estado digital, el ciudadano vuelve a probar su identidad en cada ventanilla. Propongo un modelo federado: una sola arquitectura nacional y ejecución regional y local con autonomía operativa.
La proporcionalidad en el uso de la fuerza no exige responder con la misma arma que el agresor. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Propongo protocolos operativos claros y entrenados, defensa legal efectiva para el policía que actúa conforme a derecho y evidencia objetiva que reduzca la ambigüedad, sin cerrar nunca la puerta a la investigación del abuso.
Una institución que ejecuta a través de muchos equipos necesita tres capacidades que atraviesen a todos: ver lo que ocurre, controlar si se cumple y actuar cuando algo se atasca. Propongo que CENIT las tenga como capacidades transversales, KHIPU, YACHAY y CHASQUI, y no como tres nuevas estructuras internas.
El Estado entrega a la Policía poderes que ningún ciudadano tiene: detener, usar la fuerza y portar armas. Propongo que esa autoridad venga con un doble compromiso: respaldo institucional real para quien actúa conforme a la ley y consecuencias agravadas para quien usa la placa para delinquir.
Cuando aparece una necesidad nueva, el Estado suele crear una oficina, nombrar un jefe y volverla permanente, aunque la necesidad sea temporal. Propongo que CENIT ejecute a través de Ayllus: equipos pequeños y multidisciplinarios, responsables de un resultado concreto y verificable, que se crean, entregan, se miden y se cierran.
El Perú ya tiene órganos de control disciplinario policial. El déficit no es de existencia, sino de independencia, unidad y credibilidad. Propongo una Inspectoría General de Asuntos Internos (IGAI) con independencia funcional, competencia sobre todas las agencias, acceso propio a la evidencia y separación clara entre quien investiga y quien sanciona.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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