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CENIT es mi propuesta central para el Estado digital: el Centro Nacional de Infraestructura y Transformación Digital del Perú. Hoy no existe. Es la institución que propongo crear para que el Estado deje de funcionar como un archipiélago de sistemas y empiece a funcionar como uno solo.
El problema es fácil de ver. Cada ministerio compra su propia tecnología, arma su propia forma de identificarte y conecta sus sistemas a su manera. El resultado es un Estado que te pide datos que ya tiene, que gasta dos veces en lo mismo y que no se puede proteger bien.
CENIT haría tres cosas: ejecutar los proyectos digitales que cruzan todo el Estado, coordinar a los sectores y fijar los estándares comunes de identidad, datos, interoperabilidad, ciberseguridad e infraestructura. No reemplaza a ningún ministerio ni decide política sectorial. Construye la arquitectura sobre la que todos trabajan.
En esta sección explico primero el problema y qué es CENIT. Después, cómo se gobierna y se organiza, y luego cada pieza por separado: identidad, datos, salud, infraestructura, ciberseguridad y atención al ciudadano.
Empieza aquí:
1. El Perú no necesita más aplicaciones. Necesita un Estado que funcione como un sistema
2. CENIT: la institución que haría funcionar al Estado como un solo sistema
3. CENIT debe hacer tres cosas: ejecutar, coordinar y establecer estándares
4. CENIT construye la arquitectura; no gobierna Salud, Educación, Justicia ni Identidad
5. CENIT necesita una ley propia, no depender de la voluntad del Gobierno de turno
El Estado peruano ya tiene tecnología: leyes de gobierno digital, plataformas de interoperabilidad, un portal único de trámites y mecanismos de identidad digital. El problema no es la ausencia de piezas, sino que todavía no operan como una sola arquitectura. Esta serie parte de ese diagnóstico.
Una entidad puede hacer un excelente trabajo digital y, aun así, seguir aislada del resto del Estado. La transformación sectorial no equivale a la transformación del Estado. Un Estado digital aparece cuando sus instituciones pueden operar como partes de un mismo sistema.
Cuando cada entidad resuelve por su cuenta necesidades tecnológicas que son comunes a todo el Estado, aumenta el riesgo de pagar dos veces: una por construir y otra por integrar después. La descentralización de decisiones es legítima. Lo que falta es una base común sobre la cual decidir.
Convertir un formulario de papel en un formulario en línea no transforma un trámite. Los mismos requisitos, los mismos pasos y las mismas esperas, ahora en pantalla. La tecnología debe quitar pasos, no esconderlos detrás de una pantalla.
La ley peruana ya prohíbe exigir al ciudadano información que una entidad puede obtener de otra. El principio existe desde 2016. Lo que falta es que se materialice de forma uniforme en la experiencia ciudadana. Si el Estado ya posee legítimamente un dato, el ciudadano no debería tener que transportarlo de oficina en oficina.
Cada ministerio debe tener autonomía para resolver su misión. Pero esa autonomía no debería extenderse a crear una arquitectura digital incompatible con el resto del Estado. El Perú ya tiene una rectoría digital; lo que necesita es capacidad técnica permanente para que esa rectoría se convierta en ejecución.
El Perú ya tiene normas, plataformas y una rectoría digital. Lo que le falta es una capacidad técnica permanente que convierta todo eso en una arquitectura común, ejecutada de forma consistente en todo el aparato público. Esa es la función de CENIT, el Centro Nacional de Infraestructura y Transformación Digital que propone Letras de Cambio.
Las políticas públicas pueden y deben cambiar con cada gobierno. La infraestructura digital del Estado, no. Por eso CENIT se propone como una institución técnica permanente y no como un ministerio: no por desconfianza hacia la política, sino por adecuación de la forma institucional a la función.
Cada ministerio y cada organismo es la autoridad de su materia, y así debe seguir. El problema aparece cuando cada uno construye también su propia capa técnica. Propongo una capa común de identidad, interoperabilidad, datos, seguridad y estándares debajo de todos, a cargo de CENIT. Centralizar la arquitectura no significa centralizar la política pública.
Una institución transversal que solo norma produce documentos; una que solo ejecuta produce fragmentación; una que solo coordina produce reuniones. Propongo que CENIT reúna las tres funciones, con capacidad técnica para verificar que sus estándares se cumplan y con los límites que su ley le fije.
Contratar al mercado es legítimo y muchas veces es la mejor decisión. El problema aparece cuando el proveedor termina controlando también la arquitectura, los requisitos, la supervisión y el conocimiento. Propongo que ciertas capacidades se queden siempre dentro del Estado y que la transferencia de conocimiento sea una condición de todo contrato tecnológico.
Si toda la arquitectura digital del Estado descansa en decisiones administrativas fácilmente reversibles, cada cambio de autoridad puede rehacerla. Propongo que las competencias esenciales y las garantías institucionales de CENIT se establezcan mediante una ley propia, que también fije sus obligaciones de auditoría, transparencia y rendición de cuentas.
Los proyectos de arquitectura digital se miden en años, pero la dirección técnica del Estado suele rotar con cada cambio de gabinete. Propongo que el director de CENIT sea elegido por concurso, tenga un mandato de siete años y solo pueda ser removido por causales objetivas establecidas en la ley, con más rendición de cuentas a cambio de esa estabilidad.
La infraestructura digital del Estado la construyen especialistas escasos por los que compiten bancos, telecomunicaciones, consultoras y empresas tecnológicas. Propongo que CENIT pueda contratar bajo un régimen laboral competitivo, con bandas salariales públicas, concurso, evaluación con consecuencias y reglas estrictas de conflicto de interés.
Una institución creada para combatir la fragmentación puede terminar reproduciendo la burocracia que debía resolver. Propongo un diseño con un núcleo central pequeño, un máximo de nueve grandes frentes de responsabilidad, llamados APUs, y equipos de ejecución flexibles, llamados Ayllus, que se crean, crecen o se cierran según los problemas que resuelven.
Crear una institución para combatir la fragmentación puede terminar creando una burocracia más. La respuesta no está en el tamaño del organigrama, sino en cómo se organiza la ejecución. Propongo que CENIT se organice alrededor de resultados y equipos, con tres niveles, una entrega y tres capacidades transversales: KHIPU, YACHAY y CHASQUI.
En el Estado, los proyectos que cruzan varias entidades suelen tener muchos participantes y ningún dueño. Propongo que dentro de CENIT cada gran frente tenga un APU responsable, con un máximo de nueve, agrupados por problemas transversales y no copiando el organigrama de ministerios.
Cuando aparece una necesidad nueva, el Estado suele crear una oficina, nombrar un jefe y volverla permanente, aunque la necesidad sea temporal. Propongo que CENIT ejecute a través de Ayllus: equipos pequeños y multidisciplinarios, responsables de un resultado concreto y verificable, que se crean, entregan, se miden y se cierran.
Una institución que ejecuta a través de muchos equipos necesita tres capacidades que atraviesen a todos: ver lo que ocurre, controlar si se cumple y actuar cuando algo se atasca. Propongo que CENIT las tenga como capacidades transversales, KHIPU, YACHAY y CHASQUI, y no como tres nuevas estructuras internas.
El Perú no puede transformarse digitalmente solo desde Lima: los servicios se prestan donde vive la gente. Pero si cada región construye su propio Estado digital, el ciudadano vuelve a probar su identidad en cada ventanilla. Propongo un modelo federado: una sola arquitectura nacional y ejecución regional y local con autonomía operativa.
El Perú ya tiene DNI físico, DNI electrónico, DNI digital y una plataforma nacional de autenticación. Lo que no tiene todavía es una sola identidad confiable que abra, con reglas claras, todos los servicios que el ciudadano tiene derecho a usar. Propongo que el DNI sea esa llave.
La autoridad sobre la identidad civil debe seguir en RENIEC, sin discusión. Lo que falta es una arquitectura común para que el resto del Estado use esa identidad de forma segura y proporcional. Eso es lo que propongo que haga CENIT.
«Traiga copia», «adjunte constancia», «presente certificado». Si existe una fuente oficial y una base legal para consultar un dato, el ciudadano no debería cargarlo a mano de una oficina a otra del mismo Estado.
La preocupación es legítima: si todo el Estado usa una misma identidad, ¿todas las entidades podrán ver todo sobre mí? No. Pero esa respuesta no puede depender de la buena voluntad de nadie. Tiene que estar garantizada por diseño, por ley y por control.
Con identidad, interoperabilidad y reglas legales claras, muchos servicios públicos pueden dejar de esperar al ciudadano y salir a buscarlo. El mejor trámite puede ser el que nunca tuviste que empezar.
El Perú tiene una plataforma de interoperabilidad desde 2011. La pregunta ya no es si existe, sino si se usa de forma consistente en todo el Estado. El intercambio seguro entre sistemas públicos tiene que ser lo normal, no una excepción que se gestiona a mano.
Un Estado integrado no necesita una mega-base con todo sobre todos. La integración se logra conectando fuentes distribuidas, cada una responsable de su dato. CENIT, como lo propongo, conecta; no acumula.
Cuando varias entidades guardan versiones distintas del mismo hecho, el ciudadano paga la diferencia. Un Estado digital confiable necesita saber quién responde por cada dato y cómo se representa.
Si una entidad pública consulta tu información personal, ¿no deberías poder saberlo? Creo que sí. La trazabilidad no frena la integración del Estado. Es lo que la hace defendible.
Salud ya tiene normas digitales propias y avanza en interoperabilidad clínica. La pregunta no es si puede modernizarse, sino si esa modernización se integra con reglas comunes del Estado. Un ministerio puede modernizarse solo; un Estado no puede integrarse solo por ministerios.
Salud debe decidir qué información clínica importa, cómo se registra y qué significa. Lo que no necesita es construir por su cuenta la identidad, la seguridad y las reglas de intercambio que el resto del Estado también necesita. Autonomía clínica no es aislamiento digital.
Una misma persona se atiende en un centro de salud regional, en un hospital del MINSA, en EsSalud o en una clínica privada. Sin una forma común de resolver su identidad, cada sistema puede registrarla como si fuera otra persona. Propongo una identidad maestra del paciente, sin centralizar su historia clínica.
Digitalizar no es solo hacer aplicaciones. Una cita médica, una receta o un trámite dependen de energía, redes, cómputo y datos. Si falla la capa de abajo, falla el servicio de arriba. La transformación digital empieza mucho antes de la pantalla.
El Estado financia conectividad por un camino y diseña servicios digitales por otro. Hay coordinación, pero está dispersa. Propongo planificar la infraestructura digital junto con los servicios que tiene que hacer posibles.
Quien dirige la infraestructura digital pública responde por redes nacionales, contratos complejos, inversiones y operación continua. No discuto personas. Discuto qué debería exigir el cargo, cómo debería designarse a quien lo ocupe y cómo se le evalúa.
La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica existe, opera y todavía no tiene definido su futuro institucional. La pregunta que debería ordenar el debate no es cuántos kilómetros tiene, sino cuánto se usa. Una red vale por lo que transporta y habilita.
Una red troncal puede pasar cerca de un pueblo sin que eso signifique conexión. Entre el nodo y la puerta del establecimiento hay un tramo que alguien tiene que construir, pagar y mantener. Ese tramo decide si la inversión se convierte en servicio.
En muchos concursos públicos, el postulante declara su información y encima tiene que probarla con documentos que emitió el propio Estado. Propongo invertir la lógica: el candidato demuestra su capacidad; el Estado verifica los datos.
Digitalizar un servicio es trasladar una función del Estado a una infraestructura. Esa dependencia no es un argumento contra digitalizar. Es un argumento para diseñar la seguridad al mismo tiempo que el servicio. La seguridad no es un módulo que se agrega al final.
Una amenaza que cruza varias entidades necesita una respuesta que también las cruce. El Perú ya tiene capacidad nacional de coordinación en seguridad digital. Propongo fortalecerla con una capacidad común permanente y equipos por sector: ni 200 islas, ni un solo centro que lo haga todo.
La primera pregunta de seguridad no es técnica. Es administrativa: ¿quién puede entrar a qué, por qué y hasta cuándo? Trabajar para el Estado no debería darte acceso a todo el Estado.
En una emergencia digital, descubrir el problema no basta. Alguien tiene que poder contenerlo. Propongo una facultad de contención definida por ley, que se active según la gravedad, con plazo, con límites escritos y con obligación de rendir cuentas. Contener no es castigar.
La discusión sobre CENIT tiene que empezar por lo que no hace. Una autoridad de arquitectura digital decide sobre estándares, plataformas comunes y seguridad. No decide política sectorial. Y esa diferencia no se garantiza con discursos, sino con el texto de la ley que la cree.
El miedo al centralismo tiene fundamento. Por eso la pregunta no es cuánto centralizar, sino qué exactamente. Una cosa son las vías comunes; otra, quién maneja y hacia dónde va.
Reformar no es empezar de nuevo. Es ordenar lo que ya existe. El primer entregable de una reforma digital seria no es una plataforma nueva, sino un inventario de lo que el Estado ya tiene.
Pedir estabilidad para una institución técnica sin exigirle control es pedir un privilegio. Pero una institución técnica sin estabilidad queda a merced de ciclos políticos demasiado cortos. Autonomía y rendición de cuentas se diseñan juntas, o no funcionan.
Quien opera los cimientos del Estado digital tiene que poder ser evaluado. Pero un tablero lleno de gráficos no es transparencia. Si un indicador empeora y nadie tiene que explicar por qué, ese indicador no sirve.
Una institución nueva siente la presión de mostrar resultados rápido, y nada se ve más que una plataforma nueva. Pero comprar antes de diagnosticar es elegir la solución antes de entender el problema. Primero entender; después decidir.
No hay atajo tecnológico para la falta de cimientos. La inteligencia artificial puede acelerar un buen sistema, pero también puede acelerar el desorden de uno malo. El orden importa.
La pregunta no es cómo digitalizar un trámite, sino si ese trámite tiene que existir. El orden correcto es eliminar, simplificar, integrar y recién entonces automatizar lo que quedó en pie.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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