El artículo anterior de esta serie mostró lo que encontró la Contraloría en 485 comisarías: vehículos, computadoras e impresoras inoperativos en proporciones altas, y más de la mitad de las instalaciones con más de 30 años de antigüedad. Ese diagnóstico no se resuelve solo con obras nuevas. Se resuelve cambiando la forma en que el Estado mantiene lo que ya tiene.
El ciclo que repetimos en cada comisaría
El patrón se repite en buena parte del sector público y las comisarías no son la excepción:
- Algo falla: un techo, la red eléctrica, un baño, el generador.
- Se declara la emergencia: recién entonces aparece el presupuesto.
- Se repara lo mínimo: se atiende el síntoma, no la causa.
- Vuelve el abandono: nadie queda a cargo del mantenimiento posterior.
- Falla otra vez, y la nueva reparación cuesta más que la prevención que no se hizo.
El resultado es que el Estado paga la emergencia cada vez y nunca paga la prevención una sola vez.
Por qué ocurre
El mantenimiento reactivo no es un descuido individual. Es la consecuencia lógica de cómo se financia y se contrata. La reparación urgente consigue presupuesto porque es visible; la inspección preventiva no, porque su éxito consiste en que no pase nada. Y cuando se contrata por reparación, nadie tiene la obligación de que la instalación siga funcionando al día siguiente.
Mi propuesta: contratos regionales de gestión de infraestructura de largo plazo
Propongo que el Estado deje de comprar reparaciones sueltas y empiece a comprar instalaciones que funcionan. La herramienta es un contrato regional de gestión de infraestructura, de largo plazo, con un responsable identificable por región y obligaciones medibles sobre el estado operativo de cada instalación policial durante toda la vigencia del contrato.
La responsabilidad deja de diluirse entre la unidad usuaria, el área logística y el proveedor de turno. Hay un obligado y un estándar que cumplir.
Tres niveles de servicio
Mantenimiento preventivo. Calendario obligatorio de inspección y servicio; revisión de instalaciones eléctricas, sanitarias y de conectividad; reemplazo de componentes antes del punto de falla, y registro digital de cada intervención por instalación. Es el nivel más barato y el que hoy casi no existe.
Mantenimiento correctivo. Reparación de la falla ya producida, con plazo contractual; diagnóstico de la causa y no solo del síntoma; obligación de reponer el estándar operativo, no un arreglo provisional, y reporte de reincidencia por instalación. Reparar seguirá siendo necesario. Lo que cambia es que el plazo y el estándar se pueden exigir.
Mantenimiento de emergencia. Atención inmediata cuando se interrumpe el servicio policial: energía, comunicaciones, agua, seguridad perimetral y celdas. Respuesta en horas, no en ejercicios presupuestales, y solución definitiva programada después de la contención. Una comisaría sin energía ni comunicaciones no es una comisaría: es un edificio.
Tiempos medibles y penalidades reales
Un contrato de este tipo funciona si tiene cuatro piezas:
| Pieza | Qué establece |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | Plazo máximo por tipo de falla, contado desde el reporte |
| Tiempo de solución | Plazo máximo para restituir el estándar operativo |
| Penalidad automática | Descuento aplicado sin necesidad de un nuevo procedimiento |
| Causal de término | El incumplimiento reiterado termina el contrato |
Sin penalidad automática, el plazo contractual es una recomendación.
El cambio de fondo: pagar por disponibilidad, no por reparaciones
Si al contratista se le paga por reparar, su ingreso depende de que las cosas se rompan. Si se le paga por mantener la instalación operativa, su ingreso depende de que no se rompan. Es el mismo dinero público con el incentivo invertido.
Este esquema de pago por disponibilidad ya se usa en contratos públicos de infraestructura en el mundo y también en el Perú, por ejemplo en concesiones y en contratos de conservación vial por niveles de servicio. La propuesta es aplicarlo a una infraestructura que hoy se gestiona casi siempre por emergencia.
Publicar el desempeño, no solo el contrato
La rendición de cuentas no termina con la firma. Propongo publicar, de forma agregada, tres indicadores: el porcentaje de instalaciones que cumplen el estándar por región y por nivel de servicio; los tiempos de respuesta efectivos frente al plazo comprometido, y las fallas recurrentes, es decir, las instalaciones que vuelven a fallar por la misma causa. Así el ciudadano, el Congreso y la Contraloría ven lo mismo al mismo tiempo.
La objeción obvia: un contrato largo puede capturar al Estado
Es un riesgo real. Un contrato regional de muchos años concentra poder en un proveedor y, si está mal diseñado, el Estado queda atado a un mal servicio.
Por eso las salvaguardas no son accesorias: estándares definidos antes de contratar, indicadores medidos por el Estado y no solo reportados por el contratista, penalidades automáticas, una causal de término por incumplimiento reiterado y datos públicos. Un contrato largo sin esas piezas es un riesgo. Con ellas, es la única forma de que alguien responda por una instalación durante años y no solo durante una obra.
Qué cambia para el ciudadano
Para el ciudadano, significa una comisaría que atiende su denuncia con luz, sistema y un espacio adecuado. Para el policía, un lugar de trabajo que funciona todos los días, no solo después de una crisis.
Hacia 2050
El Perú va a invertir en nuevas comisarías en las próximas décadas. Si esa inversión no viene acompañada de un modelo de mantenimiento, cada edificio nuevo repetirá el ciclo de deterioro de los actuales. Pagar por disponibilidad es la forma de proteger esa inversión durante toda su vida útil.
Conclusión
El mejor mantenimiento es el que evita que la emergencia ocurra.
Fuentes
- Contraloría General de la República, Operativo Nacional «Comisarías Básicas PNP 2025», resultados difundidos en enero de 2026.