Cambias de domicilio y lo actualizas en una entidad. Meses después, otra institución te notifica a la dirección antigua. Una tercera tiene tu nombre con una tilde de menos. Una cuarta no reconoce tu grado académico porque figura con otra denominación.
Cuando varias entidades guardan versiones distintas del mismo hecho, el que paga la diferencia eres tú. En errores en decisiones administrativas, en registros duplicados, en inconsistencias entre entidades y en retrasos mientras alguien decide qué versión vale.
La interoperabilidad no resuelve esto por sí sola. Conectar sistemas que tienen datos distintos, o que entienden cosas distintas por el mismo dato, solo acelera la confusión.
Mi tesis
Un Estado digital confiable necesita saber quién responde por cada dato y cómo se representa. Son dos requisitos distintos, y los dos son indispensables.
Primer requisito: una fuente oficial
La fuente autoritativa es la entidad responsable de mantener un dato dentro de su competencia. Si el dato está mal, ahí se corrige.
Y quiero ser claro sobre lo que eso no significa. No significa que nadie más pueda usar el dato: otras entidades lo consultan cuando tienen base legal. Y no significa que la entidad sea dueña de tu información: es responsable de mantenerla, no propietaria.
Segundo requisito: un estándar común
Este es menos visible, pero igual de importante. Un mismo término puede significar cosas distintas según el trámite. Tomemos «domicilio»:
| Entidad | Qué entiende por «domicilio» |
|---|---|
| Entidad A | El registrado en el documento de identidad |
| Entidad B | La residencia habitual |
| Entidad C | La dirección para notificaciones |
Las tres definiciones pueden ser legítimas. El problema aparece cuando se intercambian como si fueran lo mismo. Si un campo se llama igual pero representa conceptos distintos, el estándar tiene que diferenciarlos de forma explícita.
Qué debe definir un estándar de dato
Un estándar no es solo un formato. Propongo que cubra, como mínimo:
- Definición: qué significa exactamente el dato.
- Formato: cómo se escribe y se transmite.
- Identificadores: cómo se reconoce al mismo sujeto u objeto entre entidades distintas.
- Metadatos: origen, fecha y contexto del dato.
- Calidad: criterios mínimos exigibles.
- Actualización: cada cuánto se refresca.
- Versionado: qué cambió y desde cuándo.
Son elementos que propongo. No digo que hoy exista un catálogo oficial con este alcance para todos los datos del Estado.
Mi propuesta: quién define y quién responde
Reparto las responsabilidades en dos niveles.
CENIT, la institución que propongo, coordina y establece los estándares técnicos comunes de intercambio: formatos, esquemas e identificadores.
Las entidades sectoriales conservan la definición funcional y la responsabilidad sobre los datos de su competencia.
La división es precisa: el sector define qué significa un dato desde lo clínico, lo tributario o lo registral; el estándar define cómo se representa y se intercambia. Sin responsable, el estándar es un formulario vacío. Sin estándar, el dato no se puede reutilizar.
CENIT hoy no existe. Su papel sería técnico y de coordinación, sin reemplazar las competencias de ningún sector.
Cómo lo implementaría
No hace falta estandarizar todo el Estado de golpe:
- Empezar por los datos más compartidos: identidad, domicilio, grado académico, información registral y tributaria básica. Son los que más se consultan y los que más fricción generan.
- Designar formalmente la fuente de cada uno, con responsabilidad explícita sobre su calidad y actualización.
- Publicar el estándar de cada dato en un catálogo abierto para las entidades públicas.
- Exigirlo en los sistemas nuevos y en las integraciones que pasen por la interoperabilidad.
- Medir la calidad: registros completos, tiempos de actualización e inconsistencias detectadas entre entidades.
La objeción obvia: es un trabajo lento y nadie lo va a ver
Estandarizar datos es técnico, lento y poco vistoso. Difícilmente va a atraer atención política. Justamente por eso necesita una institución que lo sostenga en el tiempo, más allá de los ciclos de gobierno.
También habrá resistencia de las entidades a cambiar sus sistemas y definiciones. Mi respuesta es la gradualidad: el estándar se aplica primero en el intercambio, sin obligar a rehacer los sistemas internos de inmediato, y se incorpora en los desarrollos nuevos.
Y hay un riesgo que no quiero subestimar: que los estándares se diseñen sin los sectores. Eso produciría normas técnicamente correctas y funcionalmente inútiles. Por eso la definición funcional se queda en el sector responsable.
Qué cambia para el ciudadano
Menos errores porque dos entidades entendían cosas distintas por el mismo dato. Un solo lugar para corregir tu información cuando está mal. Y menos veces demostrando que la versión de una entidad es la correcta frente a la de otra.
Hacia 2050
Los datos públicos son infraestructura, igual que las carreteras o la red eléctrica. Una infraestructura sin estándares no se conecta. Quiero ver un Perú con un catálogo de datos públicos, fuentes definidas y estándares comunes, sobre el que se puedan construir servicios digitales, políticas y evaluaciones con información confiable.
Conclusión
Compartir datos sirve de poco si cada institución entiende algo distinto por el mismo dato. Antes de conectar, hay que ponerse de acuerdo en qué significa lo que se conecta y quién responde por ello.
Fuentes
- Propuesta de Letras de Cambio sobre gobierno de datos públicos. CENIT es una propuesta editorial de Letras de Cambio; no es una entidad existente.