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Una misma persona se atiende en un centro de salud regional, en un hospital del MINSA, en EsSalud o en una clínica privada. Sin una forma común de resolver su identidad, cada sistema puede registrarla como si fuera otra persona. Propongo una identidad maestra del paciente, sin centralizar su historia clínica.
Proteger a un presidente o a una autoridad de alto riesgo no es un servicio de guardia. Exige anticipación, análisis de riesgo y años de entrenamiento repetido. Propongo una Agencia de Protección de Dignatarios con carrera propia, no personal rotado.
Salud debe decidir qué información clínica importa, cómo se registra y qué significa. Lo que no necesita es construir por su cuenta la identidad, la seguridad y las reglas de intercambio que el resto del Estado también necesita. Autonomía clínica no es aislamiento digital.
El debate penitenciario suele reducirse a escoger un país modelo. Es un error. Lo que conviene importar son capacidades concretas, evaluadas en su contexto, y armarlas en un sistema diseñado para la criminalidad peruana.
Salud ya tiene normas digitales propias y avanza en interoperabilidad clínica. La pregunta no es si puede modernizarse, sino si esa modernización se integra con reglas comunes del Estado. Un ministerio puede modernizarse solo; un Estado no puede integrarse solo por ministerios.
Custodiar a las organizaciones criminales más peligrosas del país exige doctrina, inteligencia, tecnología y capacidad operativa propias. Propongo una Agencia Nacional de Correccionales, y que la rehabilitación siga en manos de profesionales civiles.
Si una entidad pública consulta tu información personal, ¿no deberías poder saberlo? Creo que sí. La trazabilidad no frena la integración del Estado. Es lo que la hace defendible.
El Perú ya endureció las sanciones por telecomunicaciones ilegales dentro de los penales. Lo que falta no es otra ley. Falta que el bloqueo funcione, que la tecnología se mantenga, que se detecten los equipos y que el personal no sea la puerta de entrada.
Cuando varias entidades guardan versiones distintas del mismo hecho, el ciudadano paga la diferencia. Un Estado digital confiable necesita saber quién responde por cada dato y cómo se representa.
Privar de libertad no basta si el jefe criminal sigue dirigiendo su organización desde la celda. Propongo un régimen de máxima seguridad con un objetivo definido, interrumpir el mando criminal, aplicado solo a internos clasificados individualmente como de riesgo extremo, con siete medidas concretas y límites legales explícitos.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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