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Un Estado integrado no necesita una mega-base con todo sobre todos. La integración se logra conectando fuentes distribuidas, cada una responsable de su dato. CENIT, como lo propongo, conecta; no acumula.
El Perú ya clasifica legalmente a los internos. Lo que falta es el espacio físico para separarlos de verdad: con 148 % de sobrepoblación, la clasificación se vuelve nominal. Propongo ordenar el sistema en tres poblaciones de gestión, con infraestructura, régimen y objetivos propios, y clasificar por riesgo, no solo por la etiqueta del delito.
El Perú tiene una plataforma de interoperabilidad desde 2011. La pregunta ya no es si existe, sino si se usa de forma consistente en todo el Estado. El intercambio seguro entre sistemas públicos tiene que ser lo normal, no una excepción que se gestiona a mano.
Varios cuerpos del Estado ya enfrentan crimen organizado todos los días: en la frontera, en los puertos, en la Amazonía. La autoridad que tienen debería corresponder al riesgo que asumen. Hoy, con demasiada frecuencia, persiguen estructuras armadas con herramientas diseñadas para una oficina administrativa.
Con identidad, interoperabilidad y reglas legales claras, muchos servicios públicos pueden dejar de esperar al ciudadano y salir a buscarlo. El mejor trámite puede ser el que nunca tuviste que empezar.
La cadena perpetua ya existe en el Perú. La discusión de fondo no es si debe existir, sino para qué conductas debe reservarse. Propongo aplicarla a la criminalidad organizada extrema que cumpla la definición de terrorismo planteada en esta serie, y a nada que no cumpla ese umbral completo.
La preocupación es legítima: si todo el Estado usa una misma identidad, ¿todas las entidades podrán ver todo sobre mí? No. Pero esa respuesta no puede depender de la buena voluntad de nadie. Tiene que estar garantizada por diseño, por ley y por control.
Hay organizaciones criminales que ya no se limitan a cometer delitos. Imponen reglas, cobran tributos y castigan a quien desobedece. Propongo que, cuando cruzan ese umbral, el Estado pueda tratarlas jurídicamente como terrorismo, con un umbral estrecho, objetivo y resistente al uso político.
«Traiga copia», «adjunte constancia», «presente certificado». Si existe una fuente oficial y una base legal para consultar un dato, el ciudadano no debería cargarlo a mano de una oficina a otra del mismo Estado.
El asesinato por encargo no es un crimen individual. Es una operación organizada, con roles definidos y división del trabajo. Mientras el Estado concentre la investigación en quien disparó, la organización conservará intacta su capacidad de volver a matar.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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