Cuando se habla de fortalecer la capacidad digital del Estado, aparece rápido una falsa disyuntiva: o el Estado construye todo con equipos propios, o lo compra todo al mercado. Ninguna de las dos funciona. La pregunta útil es otra: qué debe comprar el Estado y qué no puede dejar de saber hacer.
El Estado no necesita construir todo internamente
Contratar al sector privado es legítimo, útil y, en muchos casos, lo más eficiente. El Estado puede comprar software, infraestructura, servicios de nube, consultoría, integradores, soporte, implementación y especialistas. El mercado aporta velocidad, tecnología y talento que una entidad pública no siempre tiene.
Nada de lo que sigue es un argumento contra contratar. Es un argumento sobre cómo contratar.
Dónde aparece el problema
El problema no está en contratar, sino en lo que se entrega junto con el contrato. Aparece cuando el proveedor termina controlando también:
- La arquitectura del sistema.
- Los requisitos de lo que se construye.
- La supervisión del trabajo.
- La aceptación de los entregables.
- El conocimiento técnico acumulado.
- Las decisiones técnicas estratégicas.
Cuando el mismo actor define, construye y aprueba, el comprador dejó de ser comprador. El Estado paga, pero ya no está en condiciones de saber si recibió lo que pagó.
Qué es quedar atrapado en una solución
En la literatura técnica se lo llama vendor lock-in: la situación en la que cambiar de proveedor es tan costoso o tan riesgoso que, en la práctica, el Estado ya no puede hacerlo. Suele venir de datos guardados en formatos cerrados, integraciones no documentadas y conocimiento que nunca se transfirió a un equipo público.
El efecto es previsible. Sin posibilidad real de cambiar, desaparece la competencia en las siguientes contrataciones, y con ella la presión sobre precio y calidad.
Mi propuesta: capacidades que se quedan dentro del Estado
Propongo que un núcleo de capacidades permanezca siempre dentro del Estado, concentrado en CENIT, la institución que propongo para la arquitectura digital:
| Capacidad | Por qué no se delega |
|---|---|
| Arquitectura empresarial | Define cómo encajan los sistemas; sin ella cada compra es una isla |
| Gobierno de datos | El Estado debe saber qué datos tiene, dónde están y en qué formato |
| Identidad | Es la base de la relación con el ciudadano |
| Ciberseguridad estratégica | La responsabilidad por la protección no se terceriza |
| Estándares | Son las reglas que todo proveedor debe cumplir |
| Gestión técnica de contratos, QA y supervisión | Permiten verificar lo que se recibe |
| Gestión del conocimiento | Documentación y memoria técnica que sobreviven a cada contrato |
Dos roles distintos
El modelo que propongo separa funciones. El Estado diseña, gobierna, supervisa y audita. El mercado compite, provee, construye e implementa.
La división no es absoluta. Puede haber desarrollo interno, desarrollo externo o equipos mixtos, según el caso. Lo que no se delega es la capacidad de diseño y supervisión estratégica.
Transferencia de conocimiento como requisito, no como favor
La forma práctica de evitar el encierro es escribirla en el contrato. Todo contrato tecnológico relevante debería exigir documentación técnica completa y actualizada, modelos de datos y esquemas de integración, capacitación al equipo público responsable y condiciones de salida y portabilidad definidas desde el inicio. Cuando estas condiciones se negocian al final, el proveedor ya tiene toda la ventaja.
La objeción obvia: el Estado no puede competir por ese talento
Sé que los arquitectos, especialistas en datos y expertos en ciberseguridad son escasos y bien pagados en el mercado. Si el Estado no puede atraerlos, la propuesta queda en el papel.
Por eso esta pieza no se sostiene sola. Requiere un régimen de contratación competitivo para un núcleo pequeño de especialistas, que es el tema de un próximo artículo de esta serie. El núcleo que se necesita para diseñar y supervisar es mucho menor que el que haría falta para construirlo todo, y su costo es bajo comparado con lo que se pierde comprando sin saber qué se compra.
Qué cambia para el ciudadano
Para el ciudadano, significa servicios digitales que no quedan congelados porque cambiar de proveedor es imposible, y un gasto público en tecnología que se puede auditar. Cuando el Estado sabe qué compra, paga lo que corresponde y exige lo que pagó.
Hacia 2050
La tecnología que el Estado use en 2050 todavía no existe. Lo que sí puede construirse hoy es la capacidad de evaluarla, comprarla bien y cambiarla cuando deje de servir. Un Estado que conserva su conocimiento técnico puede aprovechar cada nueva generación de tecnología; uno que lo terceriza queda atado a la anterior.
Conclusión
Un proveedor puede construir una solución. El Estado debe saber exactamente qué está comprando.
Fuentes
- Este artículo desarrolla una propuesta institucional de Letras de Cambio. No cita cifras ni normas específicas.