En distintos procesos de selección del Estado todavía se le pide al postulante que declare su información y que además adjunte documentos que vienen de registros oficiales del mismo Estado: constancias de grados, certificados de habilitación, acreditaciones de experiencia en entidades públicas.
La carga de la prueba cae sobre la persona, que tiene que conseguir, escanear, ordenar y presentar cada papel. El costo administrativo cae sobre la entidad, que después revisa todo uno por uno. Los dos pierden tiempo en algo que muchas veces se resolvería consultando la fuente.
La pregunta
Si el dato ya está en una fuente oficial, ¿por qué pedir que se vuelva a adjuntar o a demostrar?
Cuando hay base legal para consultarlo, la verificación puede hacerse directamente contra la fuente que lo emitió. Es aplicar a la contratación pública el mismo principio que planteo para todo el Estado: no pedirle al ciudadano lo que el Estado puede obtener de sus propios registros.
Qué se podría verificar
Varios datos que suelen pedirse en un concurso los emite o los registra el Estado:
- Identidad.
- Grados y títulos.
- Colegiatura.
- Inhabilitaciones.
- Experiencia pública registrada.
- Sanciones y otros registros oficiales.
Pero hay que decirlo con precisión: no todos estos registros tienen hoy interoperabilidad completa ni servicios de consulta automáticos. Algunos son descentralizados; la colegiatura depende de cada colegio profesional; y no necesariamente existe una fuente nacional única de experiencia en el sector público. Parte del trabajo es construir esa capacidad.
Mi propuesta: tres pasos
- El postulante declara su información en la plataforma del concurso.
- La plataforma consulta la fuente oficial de cada dato verificable.
- El resultado es «validado» o «requiere revisión».
El postulante sigue respondiendo por lo que declara. Lo que cambia es que ya no tiene que probar con papeles lo que el Estado puede confirmar solo.
La salvaguarda: una discrepancia no es un fraude
Cuando el dato declarado no coincide con el registro, puede haber muchas razones: un error de digitación, una actualización pendiente en la fuente, un caso de homonimia o un dato incompleto.
Por eso la regla es clara: toda discrepancia pasa a revisión humana, y el postulante tiene derecho a subsanar y explicar. La verificación automática no puede volverse un mecanismo de exclusión automática.
Qué se gana
- Menos papeles que preparar, escanear y revisar.
- Procesos más rápidos en la etapa de admisión.
- Menos espacio para documentos falsos.
- Auditoría posible de qué se verificó y cuándo.
- Evaluadores concentrados en competencias, no en papeles.
El último punto es el que más me importa. Un comité de selección que se pasa las horas revisando constancias tiene menos tiempo para lo que de verdad importa: saber si el candidato puede hacer bien el trabajo.
Privacidad: verificar lo necesario, nada más
Interoperar no significa que cualquier entidad pueda ver todo sobre una persona. Cada consulta tiene que tener una finalidad definida, base legal, alcance mínimo y registro de quién accedió:
- Solo se consultan los datos relevantes para el puesto.
- Toda consulta con base jurídica válida, y consentimiento del postulante cuando la ley lo exija.
- Cada consulta registrada y trazable.
Cómo lo implementaría
- Identificar los datos más pedidos en los concursos del Estado y sus fuentes oficiales.
- Empezar por los que ya tienen fuente consultable, como la identidad, para ver beneficios desde el inicio.
- Construir servicios de consulta para los registros que no los tienen, junto con sus entidades responsables.
- Integrar la verificación en las plataformas de postulación, con el flujo de revisión humana para las discrepancias.
- Medir: documentos eliminados, tiempo de admisión y discrepancias detectadas y resueltas.
En mi propuesta de CENIT, esto uniría la interoperabilidad del Estado con la política de talento público. CENIT es mi propuesta; hoy no existe.
La objeción obvia: ¿y si el registro oficial está mal?
Si la fuente tiene errores o está desactualizada, la verificación automática puede perjudicar a alguien que dice la verdad. Por eso la revisión humana y el derecho a subsanar son obligatorios, no opcionales.
Hay dos objeciones más. La experiencia en el sector privado no tiene una fuente oficial equivalente: el modelo no elimina los documentos para esos casos, solo los reduce para lo que el Estado sí puede verificar. Y consultar inhabilitaciones o sanciones implica información sensible: esas consultas se limitan a lo que la ley exige para el puesto y quedan registradas.
Qué cambia para el ciudadano
Postular al Estado costaría menos tiempo y menos plata. Menos certificados que tramitar, menos papeles que presentar. Y concursos donde el comité dedica más tiempo a evaluar capacidades que a revisar constancias.
Hacia 2050
Un Estado que quiere atraer talento tiene que empezar por no hacerle perder el tiempo. Quiero un Perú con concursos públicos donde los datos oficiales se verifican solos, las discrepancias se revisan con garantías y la evaluación se concentra en el mérito.
Conclusión
El candidato debería demostrar su capacidad, no pasarse la postulación probando datos que el Estado ya puede verificar.
Fuentes
- Propuesta de Letras de Cambio sobre interoperabilidad aplicada a la selección de personal en el Estado. CENIT es una propuesta editorial de Letras de Cambio; no es una entidad existente.