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Cuando cada entidad resuelve por su cuenta necesidades tecnológicas que son comunes a todo el Estado, aumenta el riesgo de pagar dos veces: una por construir y otra por integrar después. La descentralización de decisiones es legítima. Lo que falta es una base común sobre la cual decidir.
La Presidencia del Consejo de Ministros tiene por ley un rol central de coordinación. Pero cuando un centro de gobierno acumula al mismo tiempo coordinación política, rectorías, seguimiento y ejecución directa de programas, lo operativo empieza a competir con lo estratégico. La reforma de la PCM empieza por distinguir qué debe hacer y qué no.
Patrullar un barrio, investigar un homicidio, perseguir un ciberdelito o proteger a una autoridad no son funciones intercambiables. Son profesiones distintas. Un Estado profesional no improvisa especialistas: los recluta, los forma y los conserva donde los necesita.
Una entidad puede hacer un excelente trabajo digital y, aun así, seguir aislada del resto del Estado. La transformación sectorial no equivale a la transformación del Estado. Un Estado digital aparece cuando sus instituciones pueden operar como partes de un mismo sistema.
Cada cierto tiempo, un gobierno anuncia una reforma del Estado que consiste en fusionar entidades, eliminar viceministerios o reducir plazas. El Perú necesita reorganizarse, pero la reforma que importa no se mide en cajas eliminadas del organigrama. Se mide en si el Estado empieza a operar mejor.
El Estado peruano ya tiene tecnología: leyes de gobierno digital, plataformas de interoperabilidad, un portal único de trámites y mecanismos de identidad digital. El problema no es la ausencia de piezas, sino que todavía no operan como una sola arquitectura. Esta serie parte de ese diagnóstico.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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