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La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica existe, opera y todavía no tiene definido su futuro institucional. La pregunta que debería ordenar el debate no es cuántos kilómetros tiene, sino cuánto se usa. Una red vale por lo que transporta y habilita.
Digitalizar no es solo hacer aplicaciones. Una cita médica, una receta o un trámite dependen de energía, redes, cómputo y datos. Si falla la capa de abajo, falla el servicio de arriba. La transformación digital empieza mucho antes de la pantalla.
Salud ya tiene normas digitales propias y avanza en interoperabilidad clínica. La pregunta no es si puede modernizarse, sino si esa modernización se integra con reglas comunes del Estado. Un ministerio puede modernizarse solo; un Estado no puede integrarse solo por ministerios.
La proporcionalidad en el uso de la fuerza no exige responder con la misma arma que el agresor. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Propongo protocolos operativos claros y entrenados, defensa legal efectiva para el policía que actúa conforme a derecho y evidencia objetiva que reduzca la ambigüedad, sin cerrar nunca la puerta a la investigación del abuso.
Las políticas públicas pueden y deben cambiar con cada gobierno. La infraestructura digital del Estado, no. Por eso CENIT se propone como una institución técnica permanente y no como un ministerio: no por desconfianza hacia la política, sino por adecuación de la forma institucional a la función.
Cada ministerio debe tener autonomía para resolver su misión. Pero esa autonomía no debería extenderse a crear una arquitectura digital incompatible con el resto del Estado. El Perú ya tiene una rectoría digital; lo que necesita es capacidad técnica permanente para que esa rectoría se convierta en ejecución.
Se habla mucho de presupuesto, normas y tecnología. Se habla poco de las personas que deben hacerlos funcionar. El talento público es infraestructura institucional, y el Perú todavía lo gestiona con reglas que existen pero que no operan de manera consistente.
La ley peruana ya prohíbe exigir al ciudadano información que una entidad puede obtener de otra. El principio existe desde 2016. Lo que falta es que se materialice de forma uniforme en la experiencia ciudadana. Si el Estado ya posee legítimamente un dato, el ciudadano no debería tener que transportarlo de oficina en oficina.
Convertir un formulario de papel en un formulario en línea no transforma un trámite. Los mismos requisitos, los mismos pasos y las mismas esperas, ahora en pantalla. La tecnología debe quitar pasos, no esconderlos detrás de una pantalla.
La Presidencia del Consejo de Ministros tiene adscritas entidades con funciones muy distintas entre sí. La cuestión no es cuántas son, sino si cada adscripción puede justificarse con un criterio y no solo con su historia. Propongo una revisión funcional, entidad por entidad, con criterios públicos.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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