Un ministro debe gobernar su sector. No construir su propio Estado digital

Cuando un ministro llega a un sector con la voluntad de modernizarlo, una de las primeras decisiones suele ser tecnológica: un nuevo sistema, una nueva plataforma, una nueva aplicación. Es comprensible. Pero si cada ministro toma esa decisión por su cuenta, el Estado termina con decenas de soluciones que no se hablan entre sí, cada una con su propia forma de identificar al ciudadano, de guardar sus datos y de protegerse.

El Perú ya tiene una rectoría digital transversal

El Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, establece la rectoría de la PCM en materia de gobierno digital. Hoy esas funciones se ejercen a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, conforme al marco organizacional vigente. Esa rectoría comprende identidad digital, interoperabilidad, servicios digitales, datos, seguridad y arquitectura digital.

Desde allí se han desarrollado normas, estrategias, plataformas, instrumentos de gobierno de datos y de cumplimiento digital. El punto de partida no es la ausencia de rectoría.

Rectoría y normas no equivalen a capacidad de ejecución

La existencia de una rectoría y de normas no garantiza, por sí sola, una capacidad permanente de arquitectura, implementación, supervisión técnica y operación de componentes comunes a escala estatal. Se puede emitir un estándar sin tener los ingenieros para ayudar a cumplirlo, ni la capacidad de verificar que se cumple.

Cuando esa capacidad es insuficiente o desigual, aumentan los riesgos de soluciones incompatibles, integraciones hechas caso por caso y duplicación de capacidades en distintas entidades.

Lo que sí es responsabilidad de cada sector

Nada de lo anterior significa quitarle a los sectores lo que les corresponde. Cada sector gobierna su misión:

• MINSA: política sanitaria, regulación sectorial y organización de servicios dentro de sus competencias.
• MINEDU: política educativa, currículo y rectoría educativa.
• MEF: política económica y fiscal, presupuesto y sistemas administrativos dentro de sus competencias.

Nadie debería decidir estas materias en lugar del sector que responde por ellas.

Lo que no debería reinventarse sector por sector

Hay capacidades que no tiene sentido construir desde cero en cada ministerio: la identidad digital transversal, los estándares de interoperabilidad, los marcos comunes de ciberseguridad, los componentes e infraestructura compartida cuando corresponda, los estándares de datos, la observabilidad y trazabilidad, y las reglas técnicas comunes.

Esto no implica una plataforma única para todo. La identidad civil la mantiene RENIEC. La ciberseguridad debe ser federada: una capacidad común más equipos sectoriales. Y la infraestructura puede ser compartida, federada o sectorial, según la necesidad.

Cómo se reparte la decisión

La regla que propongo es sencilla. El sector decide qué necesita hacer. La arquitectura digital común define cómo debe integrarse con el Estado.

La arquitectura común no decide cada detalle de la implementación sectorial. Define las reglas de compatibilidad, seguridad, datos e integración, y los componentes comunes que deban utilizarse. Un ministerio puede diseñar el sistema que mejor sirva a su misión, siempre que identifique a las personas con la identidad común, intercambie datos con los estándares comunes y cumpla los mínimos de seguridad.

Qué haría diferente: de una rectoría existente a una institución técnica

Propongo evolucionar desde la rectoría y las capacidades digitales que ya existen hacia una institución técnica con mayor capacidad permanente de arquitectura, ejecución, supervisión y continuidad. Esa institución tendría tres rasgos:

1. Capacidad de operar componentes compartidos, no solo de emitir normas.
2. Estándares comunes y exigibles dentro del ámbito que la ley le otorgue.
3. Capacidad técnica e ingeniería interna suficiente para diseñar, supervisar y auditar, y continuidad más allá de cada gobierno.

Si ya existe una rectoría digital, ¿qué capacidad adicional aportaría CENIT? Esa es la pregunta que responde el siguiente bloque de esta serie.

La objeción obvia: los ministerios perderán agilidad

Un ministro puede temer que depender de estándares comunes lo haga más lento. Si para lanzar un servicio debe esperar a otra institución, la modernización de su sector queda en manos ajenas.

La respuesta está en el reparto de la decisión. El sector sigue decidiendo qué construir y cuándo. Lo que no decide por su cuenta es la forma de integrarse. Y en la práctica, los componentes comunes aceleran: un ministerio que no tiene que construir su propio sistema de identidad, su propia capa de interoperabilidad o su propia seguridad desde cero puede concentrar su presupuesto y su equipo en lo que es propio de su misión.

Qué cambia para el ciudadano

Para el ciudadano, significa que un servicio nuevo de Salud o de Educación llega ya conectado con el resto del Estado: con la misma identidad, sin volver a pedir datos que otra entidad ya tiene y con el mismo nivel de protección.

Hacia 2050

Cada sistema incompatible que se construye hoy es una deuda que el Estado pagará durante años en integraciones, migraciones y duplicaciones. Separar lo sectorial de lo común es la forma de que la modernización de cada ministerio sume a un Estado digital coherente, en lugar de fragmentarlo un poco más con cada gestión.

Conclusión

Un ministerio debe tener autonomía para resolver su misión. Esa autonomía no debería extenderse a crear una arquitectura digital incompatible con el resto del Estado.