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En el Estado, los proyectos que cruzan varias entidades suelen tener muchos participantes y ningún dueño. Propongo que dentro de CENIT cada gran frente tenga un APU responsable, con un máximo de nueve, agrupados por problemas transversales y no copiando el organigrama de ministerios.
El Perú ya compró cámaras corporales. Comprarlas no es lo mismo que institucionalizarlas. Propongo que la bodycam sea obligatoria en las funciones que exigen registro objetivo, con cobertura en vehículos, atención al público y detención, y con cuatro reglas: el policía no controla el borrado, el acceso deja huella, la conservación está en la norma y registrar no significa publicar.
Crear una institución para combatir la fragmentación puede terminar creando una burocracia más. La respuesta no está en el tamaño del organigrama, sino en cómo se organiza la ejecución. Propongo que CENIT se organice alrededor de resultados y equipos, con tres niveles, una entrega y tres capacidades transversales: KHIPU, YACHAY y CHASQUI.
Si el arma del Estado no tiene un registro único, tampoco tiene un responsable único. Propongo una trazabilidad auditable y a prueba de alteración para el armamento y la munición del Estado, desde la adquisición hasta la baja, con conciliación obligatoria de toda diferencia.
Una institución creada para combatir la fragmentación puede terminar reproduciendo la burocracia que debía resolver. Propongo un diseño con un núcleo central pequeño, un máximo de nueve grandes frentes de responsabilidad, llamados APUs, y equipos de ejecución flexibles, llamados Ayllus, que se crean, crecen o se cierran según los problemas que resuelven.
Uniforme, protección y comunicaciones son responsabilidad institucional, no gasto personal del servidor público. Propongo una dotación completa provista por la institución, diferenciada por función y territorio, con registro digital de cada bien entregado y reposición programada por ciclo de vida.
La infraestructura digital del Estado la construyen especialistas escasos por los que compiten bancos, telecomunicaciones, consultoras y empresas tecnológicas. Propongo que CENIT pueda contratar bajo un régimen laboral competitivo, con bandas salariales públicas, concurso, evaluación con consecuencias y reglas estrictas de conflicto de interés.
El combustible es capacidad operativa convertida en dinero líquido: sin él no hay patrullaje, y cuando el control es documental, la fuga no deja rastro. Propongo una identidad digital única para cada vehículo policial y un sistema que compare cada carga con el recorrido real registrado por GPS.
Los proyectos de arquitectura digital se miden en años, pero la dirección técnica del Estado suele rotar con cada cambio de gabinete. Propongo que el director de CENIT sea elegido por concurso, tenga un mandato de siete años y solo pueda ser removido por causales objetivas establecidas en la ley, con más rendición de cuentas a cambio de esa estabilidad.
La capacidad de patrullaje no se mide en vehículos comprados, sino en unidades disponibles para salir hoy. Propongo una gestión de flota basada en disponibilidad: cada unidad conectada al despacho, mantenimiento antes de la falla, historial por vehículo y reposición por ciclo de vida, no por anuncio político.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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