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La carrera policial debería separar funciones, no personas. Propongo un Concurso Nacional Único de Ingreso, con los mismos filtros de integridad y mérito para todos, y después una especialización según aptitud, formación y misión.
El Perú ya tiene normas, plataformas y una rectoría digital. Lo que le falta es una capacidad técnica permanente que convierta todo eso en una arquitectura común, ejecutada de forma consistente en todo el aparato público. Esa es la función de CENIT, el Centro Nacional de Infraestructura y Transformación Digital que propone Letras de Cambio.
El Perú ya tiene concursos públicos y un portal nacional de convocatorias. Lo que no tiene es un proceso común que deje evidencia verificable de cada decisión. El mérito necesita algo más que buenas reglas: necesita procesos que dejen rastro.
La duración de una formación mide tiempo, no competencia operativa. Propongo un máximo de doce meses de formación inicial para la mayoría de funciones policiales, seguido de servicio supervisado y de una formación obligatoria que no termine nunca. La propuesta no es formar menos. Es formar mejor y siempre.
Cada ministerio debe tener autonomía para resolver su misión. Pero esa autonomía no debería extenderse a crear una arquitectura digital incompatible con el resto del Estado. El Perú ya tiene una rectoría digital; lo que necesita es capacidad técnica permanente para que esa rectoría se convierta en ejecución.
Se habla mucho de presupuesto, normas y tecnología. Se habla poco de las personas que deben hacerlos funcionar. El talento público es infraestructura institucional, y el Perú todavía lo gestiona con reglas que existen pero que no operan de manera consistente.
Cuando el nivel profesional de un policía y el puesto de mando que ocupa se confunden, el ascenso se negocia. Cuando se separan, se gana. Propongo una escala profesional civil, propia de la Policía, y cargos de dirección que se ejercen por designación y por concurso, no por escalafón.
La ley peruana ya prohíbe exigir al ciudadano información que una entidad puede obtener de otra. El principio existe desde 2016. Lo que falta es que se materialice de forma uniforme en la experiencia ciudadana. Si el Estado ya posee legítimamente un dato, el ciudadano no debería tener que transportarlo de oficina en oficina.
Cuando una irregularidad se descubre después del pago, corregir sus efectos es mucho más difícil. Propongo alertas de riesgo basadas en datos, que se puedan explicar y con una persona que decide al final. No quiero que un algoritmo diga quién es corrupto. Quiero que el Estado mire antes donde hay señales.
El Estado peruano ya tiene capacidades de seguimiento repartidas entre varias entidades. Lo que le falta es que converjan en una sola vista ejecutiva que permita al Gobierno detectar un problema y decidir qué hacer antes de que sea tarde. Un Gobierno no puede gestionar lo que no puede ver.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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