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Si toda la arquitectura digital del Estado descansa en decisiones administrativas fácilmente reversibles, cada cambio de autoridad puede rehacerla. Propongo que las competencias esenciales y las garantías institucionales de CENIT se establezcan mediante una ley propia, que también fije sus obligaciones de auditoría, transparencia y rendición de cuentas.
El Estado paga la emergencia cada vez y casi nunca paga la prevención. Propongo contratos regionales de gestión de infraestructura policial de largo plazo, con niveles de servicio medibles, penalidades automáticas y un pago ligado a la disponibilidad de cada instalación, no al número de reparaciones.
Contratar al mercado es legítimo y muchas veces es la mejor decisión. El problema aparece cuando el proveedor termina controlando también la arquitectura, los requisitos, la supervisión y el conocimiento. Propongo que ciertas capacidades se queden siempre dentro del Estado y que la transferencia de conocimiento sea una condición de todo contrato tecnológico.
La Contraloría supervisó 485 comisarías y encontró inoperativos cuatro de cada diez vehículos, más de la mitad de las impresoras y más de una cuarta parte de las computadoras. No es una anécdota: es un problema de gestión de activos. Propongo un Plan Nacional de Infraestructura Policial con estándares exigibles, inversión plurianual y un responsable identificable por cada instalación.
Una institución transversal que solo norma produce documentos; una que solo ejecuta produce fragmentación; una que solo coordina produce reuniones. Propongo que CENIT reúna las tres funciones, con capacidad técnica para verificar que sus estándares se cumplan y con los límites que su ley le fije.
No se puede exigir una Policía profesional y tratar su carrera como una ocupación de segunda. La responsabilidad que el Estado le entrega a un policía necesita un respaldo institucional concreto: condiciones de empleo que correspondan a lo que se le exige todos los días.
Cada ministerio y cada organismo es la autoridad de su materia, y así debe seguir. El problema aparece cuando cada uno construye también su propia capa técnica. Propongo una capa común de identidad, interoperabilidad, datos, seguridad y estándares debajo de todos, a cargo de CENIT. Centralizar la arquitectura no significa centralizar la política pública.
Cuando la única forma de progresar es asumir un cargo de jefatura, la institución premia a quien abandona la función que mejor domina. Propongo dos vías de progresión con el mismo prestigio: una para dirigir y otra para dominar.
Las políticas públicas pueden y deben cambiar con cada gobierno. La infraestructura digital del Estado, no. Por eso CENIT se propone como una institución técnica permanente y no como un ministerio: no por desconfianza hacia la política, sino por adecuación de la forma institucional a la función.
El mérito no puede terminar el día del nombramiento. Un Estado que selecciona bien pero no evalúa, no distingue trayectorias y no compite por los perfiles escasos forma bien y retiene mal.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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