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El Serenazgo ya existe, ya opera y la legislación reciente ya lo reforzó. Su futuro no debería ser convertirse en una Policía Nacional en miniatura. Propongo que evolucione hacia un servicio municipal profesional de proximidad, con funciones acotadas y estándares nacionales.
Una misma persona se atiende en un centro de salud regional, en un hospital del MINSA, en EsSalud o en una clínica privada. Sin una forma común de resolver su identidad, cada sistema puede registrarla como si fuera otra persona. Propongo una identidad maestra del paciente, sin centralizar su historia clínica.
Proteger a un presidente o a una autoridad de alto riesgo no es un servicio de guardia. Exige anticipación, análisis de riesgo y años de entrenamiento repetido. Propongo una Agencia de Protección de Dignatarios con carrera propia, no personal rotado.
Custodiar a las organizaciones criminales más peligrosas del país exige doctrina, inteligencia, tecnología y capacidad operativa propias. Propongo una Agencia Nacional de Correccionales, y que la rehabilitación siga en manos de profesionales civiles.
Si una entidad pública consulta tu información personal, ¿no deberías poder saberlo? Creo que sí. La trazabilidad no frena la integración del Estado. Es lo que la hace defendible.
El Perú ya endureció las sanciones por telecomunicaciones ilegales dentro de los penales. Lo que falta no es otra ley. Falta que el bloqueo funcione, que la tecnología se mantenga, que se detecten los equipos y que el personal no sea la puerta de entrada.
Cuando varias entidades guardan versiones distintas del mismo hecho, el ciudadano paga la diferencia. Un Estado digital confiable necesita saber quién responde por cada dato y cómo se representa.
El Perú ya clasifica legalmente a los internos. Lo que falta es el espacio físico para separarlos de verdad: con 148 % de sobrepoblación, la clasificación se vuelve nominal. Propongo ordenar el sistema en tres poblaciones de gestión, con infraestructura, régimen y objetivos propios, y clasificar por riesgo, no solo por la etiqueta del delito.
El Perú tiene una plataforma de interoperabilidad desde 2011. La pregunta ya no es si existe, sino si se usa de forma consistente en todo el Estado. El intercambio seguro entre sistemas públicos tiene que ser lo normal, no una excepción que se gestiona a mano.
Varios cuerpos del Estado ya enfrentan crimen organizado todos los días: en la frontera, en los puertos, en la Amazonía. La autoridad que tienen debería corresponder al riesgo que asumen. Hoy, con demasiada frecuencia, persiguen estructuras armadas con herramientas diseñadas para una oficina administrativa.
Una selección de ideas, datos y propuestas para entender qué debería cambiar en el Perú y cómo hacerlo posible.
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